La modificación del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAPE) de Envigado, aprobada por el Concejo Municipal mediante el Acuerdo Municipal No. 027 de 2026, entró en una etapa decisiva en los estrados judiciales tras la admisión de la Acción Popular.
Mientras cursa el proceso, admitido el pasado 6 de noviembre de 2026 por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Medellín y que determinó la suspensión provisional del Acuerdo 027 como medida cautelar, el Municipio de Envigado interpone recursos para levantar la medida provisional.
A esta acción judicial, interpuesta por Diego Parra Vargas, se han sumado otros ciudadanos y colectivos ambientales del municipio, en calidad de coadyuvantes (personas o grupos que intervienen en un proceso judicial para apoyar o auxiliar a una de las partes principales, en este caso al demandante).
Estas partes han aportado nueva información para solicitar que se mantenga en firme la suspensión cautelar del acuerdo, bajo el principio de precaución ambiental. Es importante anotar que quienes deseen coadyuvar en el proceso aún pueden sumarse, pues el plazo se vence el próximo 23 de noviembre.
Alcaldía dice que “suspensión paraliza beneficios ambientales”
El alcalde de Envigado, Raúl Eduardo Cardona González, confirió poder especial a la abogada Eliza María Valencia Ocampo para liderar la defensa de la administración en este proceso. En el recurso interpuesto contra la medida cautelar, el Municipio solicitó revocar la suspensión provisional del Acuerdo 027 de 2026 ordenada por el juzgado o modular sus efectos únicamente sobre los 1.495 polígonos excluidos, es decir las 240,08 hectáreas.

Los argumentos del Municipio de Envigado
La Alcaldía de Envigado sustentó su solicitud en los siguientes aspectos:
- El Acuerdo 027 no concede licencias de construcción ni altera de forma directa el uso del suelo, pues las áreas en disputa continúan bajo la protección del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente. “Además, desde el 5 de octubre de 2026, antes de la presentación de la demanda, el Municipio instruyó a las curadurías en ese sentido, con lo cual adoptó medidas concretas para impedir que la modificación del SILAPE fuera utilizada, por sí sola, como fundamento para la expedición de licencias en las áreas objeto de discusión”, afirmó la Alcaldía.
- Para el Municipio no existe un “riesgo cierto, actual e inminente que haga necesaria una intervención judicial inmediata.” Según explicó la Alcaldía al juzgado, “la suspensión causa mayores perjuicios al derecho colectivo que se pretende proteger. Adicionalmente, el Municipio asegura que en la demanda “…no se encuentra acreditado el presupuesto que justifica la adopción urgente de una medida cautelar, pues el riesgo alegado se sustenta en la eventual ocurrencia de actuaciones futuras y contingentes, sin que se haya demostrado que, de no suspenderse inmediatamente el Acuerdo 027 de 2026, se produzca durante el trámite del proceso un daño inminente que haga necesaria la intervención urgente del juez”.
- “La suspensión del Acuerdo 027 de 2026 afecta la implementación de los instrumentos de planificación, manejo y gestión ambiental previstos para el SILAPE: la incorporación de 678,84 hectáreas a las estrategias municipales de conservación, la consolidación de dos núcleos de conservación (ladera de Palmas y Cerro Tutelar) y la aplicación del Plan de Manejo Ambiental”, reiteró la Alcaldía.
- “Dado el perjuicio grave e inminente que la suspensión está causando al trámite de concertación del POT y a la conservación ambiental”, el Municipio solicitó resolver de fondo y de manera urgente la revocatoria o modulación de la medida cautelar. Informó el Municipio que “…el SILAPE modificado, incorporado al proceso de revisión de largo plazo del POT, se encuentra actualmente en proceso de concertación: ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que dio inicio formal al trámite el 15 de octubre de 2026, y ante CORANTIOQUIA, donde fue radicado y su nueva presentación se encuentra pendiente”. Esta última entidad le devolvió la documentación al Municipio, condicionándola a que se aclare el panorama judicial del acuerdo.

Municipio cuestionó la competencia del Juzgado
Adicionalmente, la apoderada municipal radicó un recurso de reposición contra el auto admisorio alegando falta de competencia del juzgado. El Municipio planteó que, al vincular a Corantioquia, dado su carácter de entidad pública del orden nacional, el expediente debía remitirse al Tribunal Administrativo de Antioquia pues no es competencia del juzgado.
Asimismo, el Municipio radicó una solicitud de aclaración sobre si el término de 10 días para contestar la demanda se encuentra interrumpido en virtud de los recursos interpuestos, e indagar sobre los plazos operativos para publicar los edictos en el portal web institucional.

Concejo negó solicitud de control político
De otro lado, el presidente del Concejo de Envigado, Jhony Oswaldo Vélez Quintero, dio respuesta a una petición del demandante, Diego Parra Vargas, en la que solicitaba un espacio en plenaria para exponer este asunto, además de que se frenara la discusión del POT y se citara a control político al alcalde y al director de Planeación. El Concejo negó la petición, manifestando que durante el presente periodo ordinario la prioridad de la corporación es el análisis y aprobación del presupuesto municipal para la vigencia 2027, añadiendo que la ley no les otorga competencia para citar al alcalde a debates de control político. Es importante anotar que, como parte de las funciones del Concejo sí está citar a secretarios de despacho y directores administrativos a sesiones de control político por el ejercicio de sus funciones y en seguimiento a la ejecución del Plan de Desarrollo. Sin embargo, en la respuesta del Concejo no se menciona esta posibilidad de citar al director del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Alberto Ríos Ospina, para lo cual la corporación sí está facultada por ley.






