Informe especial de El Envigadeño
El Concejo de Envigado aprobó el pasado 31 de agosto, durante una sesión extraordinaria, la modificación del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAPE), una decisión que definirá buena parte de las reglas de ocupación del territorio para las próximas décadas y será una de las determinantes ambientales que deberá tener en cuenta la próxima aprobación de la revisión de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La decisión, sin embargo, estuvo rodeada de cuestionamientos. Mientras la Administración Municipal defendió la actualización como una forma de corregir errores cartográficos del mapa de 2016 y fortalecer la protección ambiental al agregar 436 hectáreas, ciudadanía, las corporaciones autónomas y algunos concejales expresaron preocupación por las áreas que salen del sistema de protección y por los efectos que esto podría tener antes de que se apruebe el nuevo POT. Documentos técnicos de Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá advierten, mientras una veeduría ciudadana cuestiona las exclusiones, el aumento del suelo habilitado para desarrollo y la protección de quebradas y bosques.
Uno de los principales cuestionamientos también está relacionado con el llamado principio de precaución ambiental, establecido en la Ley 99 de 1993. Este principio plantea que cuando existen dudas sobre los posibles daños que una decisión puede ocasionar al ambiente, debe optarse por la alternativa que ofrezca mayor protección a la naturaleza. La preocupación es que algunas de esas decisiones sean difíciles de reversar y afecten los ecosistemas actuales y los recursos que recibirán las próximas generaciones.
Las hectáreas que salen, una preocupación
Hay una cifra que resume la discusión: 240,09 hectáreas. Son los terrenos que, con la modificación aprobada el 31 de agosto por el Concejo Municipal, salieron formalmente del Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAPE).
La Alcaldía sostiene que la historia no debe contarse solo desde esa cifra. Según su explicación, el nuevo sistema pasa de 3.217 a 3.653,85 hectáreas, lo que representa un aumento neto del 9,8 %. Para llegar a ese resultado se incorporaron 673 hectáreas nuevas y se excluyeron las 240,09 hectáreas mencionadas.
Sin embargo, mientras la Administración habla de una actualización necesaria para corregir errores del mapa aprobado en 2016, documentos de las autoridades ambientales y un análisis realizado por organizaciones ciudadanas ponen la lupa precisamente sobre las áreas que salen del sistema de protección.
14 votos y una aprobación con reparos
La modificación fue aprobada con 14 votos a favor. Tres concejales se ausentaron de la votación con excusa justificada: Luz Marina López Peña, Sara Katherine Rincón Ruiz y Lucas Gaviria Henao.
Votaron sí:
Jhony Oswaldo Vélez Quintero
Pablo Andrés Restrepo Garcés
Juan Diego Álvarez Upegui (Juan Trochas)
Juan Pablo Montoya Castañeda
David Alfonso Londoño Arroyave
María Teresa Álvarez Muñoz
Bernardo de Jesús Mora Calle
Alejandro Sánchez Grajales
José Efraín Echeverri Gil
Leo Alexander Alzate Suárez (ponente del proyecto)
Carlos Manuel Uribe Mesa
Gonzalo Mesa Ochoa
Juan Carlos Vélez Mesa
Juan Fernando Uribe Restrepo.
La sesión extraordinaria, sin embargo, estuvo lejos de ser un trámite tranquilo. La concejala Luz Marina López cuestionó que el SILAPE no hubiera sido concertado previamente con Corantioquia, como, según su interpretación, exige el artículo 24 de la Ley 388 de 1997. Teme que un acuerdo con problemas técnicos termine convirtiéndose en un obstáculo para la aprobación del nuevo POT.
El concejal Carlos Manuel Uribe Mesa se refirió al control urbanístico. Su pregunta fue directa: si el primer SILAPE lleva diez años vigente, ¿cómo se explica que hoy existan cientos de construcciones consolidadas dentro de áreas protegidas?
El ponente, Leo Alexander Alzate y el concejal Juan Uribe, en cambio, defendieron la reforma. Según su posición, la nueva norma permite cerrar vacíos que durante años dejaron margen para decisiones discrecionales de Planeación y fortalece la protección de las quebradas del municipio.
Más protección y un mapa corregido: Alcaldía
El director de Planeación, Sergio Ríos Ospina y la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Lema, defendieron el proyecto como una actualización necesaria. Su argumento parte de un problema con el SILAPE aprobado en 2016: el mapa tenía inconsistencias que debían ser corregidas. La Administración utilizó imágenes y herramientas tecnológicas, inteligencia artificial, análisis de coberturas y verificaciones en campo. El resultado, según la Alcaldía, es un sistema más grande y con mayor capacidad de protección.
Las cifras oficiales son estas:
- El SILAPE pasa de 3.217 a 3.653,85 hectáreas.
- Se incorporan 673 hectáreas.
- Se excluyen 240,09 hectáreas.
- El aumento neto es de 436,85 hectáreas, equivalente al 9,8 %.
- El 47,8 % de las áreas excluidas, según Planeación, corresponde a terrenos que ya estaban intervenidos, principalmente por casas de campo construidas entre 2016 y 2024.
- Otro 32 % correspondería a ajustes geométricos y correcciones del mapa de 2016.
- El 91 % de los predios excluidos tiene menos de media hectárea y la mediana es de apenas 128 metros cuadrados.
Con estos argumentos, la Administración busca despejar una de las principales preocupaciones alrededor del proyecto: que la modificación del SILAPE termine convirtiéndose en una puerta para grandes desarrollos inmobiliarios en el suelo rural.
Las advertencias del Área Metropolitana
Uno de los documentos que merece especial atención es el oficio del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, con radicado 00-017010 del 4 de junio de 2026.
El AMVA reconoció la autonomía de Envigado para establecer su SILAPE (o sea que no necesita su aval), pero hizo varias observaciones sobre el polígono del Cerro Tutelar, relacionado con la ampliación del Humedal Trianón-Heliodora.
Según el documento, la zonificación propuesta por el municipio es en algunos puntos más permisiva que las directrices nacionales aplicables a las áreas articuladas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
El AMVA también identificó problemas de continuidad en algunos límites cartográficos y pidió justificar por qué predios privados aparecían clasificados bajo categorías de “Uso Público”, relacionadas con recreación y alta densidad.
La autoridad ambiental cuestionó el uso del concepto de “zonificación ambiental” y precisó que, para este tipo de áreas, corresponde hablar de “zonificación de manejo”. Además, advirtió que algunas actividades consideradas actualmente compatibles, como infraestructura vial y parques recreativos, podrían quedar restringidas cuando se formalice la declaratoria metropolitana correspondiente.
Corantioquia encontró bosques donde se habían planteado exclusiones
El segundo documento clave es el Informe Técnico 120-IT2607-6327, fechado el 1 de julio de 2026 de la Subdirección de Ecosistemas de Corantioquia. El informe no descalificó la metodología utilizada por Envigado y reconoció el uso de herramientas como teledetección e inteligencia artificial para clasificar coberturas y detectar construcciones. Pero la revisión de Corantioquia identificó zonas que el municipio pretendía excluir y que todavía presentaban bosques y vegetación secundaria alta. El asunto terminó en mesas técnicas conjuntas durante mayo y junio de 2026. En ellas, el municipio tuvo que explicar caso por caso algunas de las exclusiones, utilizando argumentos relacionados con la conectividad de la fauna, el efecto de borde y el aislamiento de predios. Corantioquia también verificó que modificaciones pequeñas —inferiores a 300 metros cuadrados por predio— no afectaran bosques nativos ni otras determinantes ambientales de mayor jerarquía.
Es importante aquí mencionar que, aunque se trata de documentos técnicos elaborados por las dos corporaciones ambientales (tanto el AMVA como Corantioquia), funcionan como conceptos técnicos de seguimiento y análisis, mas no son vinculantes ni constituyen aval, pues, según la ley, no se exigía una autorización de estas entidades para la aprobación del SILAPE. Asunto diferente con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que para ser aprobado requiere concepto favorable de Corantioquia. Fundamental recordar que Corantioquia le retiró al Municipio de Envigado, en enero de 2026, la delegación como autoridad ambiental, al encontrar fallas y vacíos en la gestión de dichos temas durante los 20 años que tuvo la delegación.
El dato que más preocupa a la veeduría
La Mesa Ciudadana por el SILAPE y el Ordenamiento Territorial, coordinada por Paola Quintero Puentes, de la Veeduría Ciudadana 292, hizo su propio análisis y llegó a conclusiones diferentes. Uno de sus principales hallazgos tiene que ver con la “Subzona para el Desarrollo”, la categoría que permite vivienda, comercio e infraestructura vial. Según la Mesa, esa zona pasó de 87,71 a 164,86 hectáreas. Es decir, aumentó cerca de un 88 %.
La organización sostiene que 50,44 hectáreas que en el SILAPE de 2016 estaban clasificadas como “Subzona para el Aprovechamiento Sostenible” -donde la vivienda campestre estaba prohibida y se priorizaban usos agroecológicos- ahora fueron llevadas a una categoría con mayores posibilidades de desarrollo. Es decir, 50,44 hectáreas donde no se permitía vivienda, ahora sí será posible. Para la Mesa, esto constituye una regresión ambiental. Buena parte de lo excluido se ubica en corredores y bordes sometidos a presión de parcelación y vivienda, lo cual pone en riesgo los recursos naturales.
La Mesa también afirma que los terrenos que salen del sistema no son necesariamente de baja importancia ecológica. Según su análisis, esos espacios conservan entre el 48 % y el 94 % del valor de idoneidad y conectividad de las áreas que permanecen protegidas.
La Administración, por su parte, sostuvo que las exclusiones responden a las características actuales de los predios y a la necesidad de corregir el mapa anterior. Aquí la pregunta es: ¿el nuevo mapa está corrigiendo errores del pasado o está abriendo más suelo rural a la urbanización?
Este proceso de análisis y debate fue particularmente dispendioso porque la comunidad recibió la información solicitada a la Alcaldía a cuenta gotas, tarde, incompleta y entregada mediante recursos jurídicos porque solicitándola únicamente no fue posible. Adicionalmente, en el Concejo se dieron varios debates (tres discusiones en comisión y siete en plenaria) más la devolución del proyecto inicial, que la Alcaldía ajustó y volvió a presentar y que, aún con los reparos mencionados, fue aprobado el pasado 31 de agosto.
El agua, en el centro de la controversia
El agua es otro tema muy importante de este debate. La Alcaldía ha explicado que utilizó un modelo multicriterio basado en 14 especies para determinar el valor ecológico de los terrenos. La Mesa Ciudadana asegura que, al reproducir los modelos computacionales, encontró que el análisis de idoneidad estuvo fuertemente asociado con el olinguito, mientras que el análisis de conectividad de fauna se relacionó principalmente con la oncilla. Según la organización, especies vinculadas con los ecosistemas acuáticos, como la rana de chocolate antioqueña, tuvieron una representación considerablemente menor.
¿Por qué importa? Porque la Mesa encontró que 73,4 hectáreas de las áreas excluidas —el 30,3 %— coinciden con retiros hídricos de protección legal.
¿La ganancia de hectáreas cuenta dos veces?
Hilda Elena Castaño López, directora de la ONG Eco Humedales y coordinadora de la Mesa Ambiental de Envigado, cuestionó la supuesta ganancia neta de áreas protegidas, según la cifra entregada por la Administración. Su argumento es que dentro de esa nueva superficie se está contabilizando la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, una figura de protección nacional que existe desde 2010 y que aporta más de 350 hectáreas.
Para Castaño, incluir esa superficie como parte de la ganancia del nuevo SILAPE puede dar una imagen distorsionada. La discusión, entonces, no es solamente cuántas hectáreas aparecen en el nuevo mapa. También es qué tipo de protección tienen, quién las protegía antes y qué cambia realmente con el nuevo acuerdo.
376 construcciones en áreas protegidas, otro problema que deja el SILAPE
El cruce de información catastral con los mapas del SILAPE y las reservas forestales permitió identificar 376 edificaciones que ocupan aproximadamente 4,27 hectáreas de suelo de conservación (o sea, no deberían estar ahí porque se supone que eran áreas protegidas).
La distribución es la siguiente:
• 44 edificaciones dentro de la Reserva Forestal Protectora del Río Nare, con una ocupación de 1,34 hectáreas.
• 70 construcciones dentro de las áreas núcleo del suelo rural de mayor protección del SILAPE de 2016, ocupando 0,96 hectáreas.
• 262 estructuras sobre corredores de conectividad biológica, con una huella aproximada de 1,96 hectáreas.
Este dato lleva a la pregunta sobre ¿qué tan efectivo ha sido el control urbanístico de Envigado durante los últimos diez años? Porque si el sistema de protección ya existía y aun así se consolidaron cientos de construcciones dentro de áreas protegidas, cambiar el mapa no resuelve por sí solo el problema del control.
Y ahí aparece uno de los mayores riesgos advertidos por quienes se oponen a las exclusiones: que los terrenos que salen del SILAPE queden en una especie de zona gris o limbo entre la aprobación del nuevo sistema y la entrada en vigor de las nuevas reglas del POT.
El campesinado también está en juego
Joaquín Mauricio Ríos Hincapié, cuya familia vive en Pantanillo desde 1920, resumió su preocupación con la frase “El SILAPE es para el de ruana”.
Según relató, mientras los campesinos pueden enfrentar controles por prácticas tradicionales como utilizar un machete en sus labores, grandes proyectos inmobiliarios han podido avanzar con maquinaria pesada y transformaciones del territorio. También denunció casos de intervención de cauces de quebradas o en los que se han dejado por fuera franjas boscosas para facilitar proyectos de construcción.
La presión económica sobre la tierra rural tampoco es menor. Ríos puso como ejemplo el valor de los terrenos en algunas parcelaciones de lujo: un lote de aproximadamente 2.000 metros cuadrados en sectores como Terrazul puede alcanzar los 1.700 millones de pesos.
En ese contexto, mantener una propiedad rural se vuelve cada vez más difícil para las familias campesinas.
A esto se suma la actualización catastral rural realizada por la Alcaldía y que, según las denuncias de los habitantes, produjo incrementos del impuesto predial de hasta 250 % en sectores como Perico y Pantanillo. Los campesinos también cuestionan las ayudas que reciben a cambio de conservar el territorio. Ríos señaló que el Pago por Servicios Ambientales representa alrededor de 200.000 pesos anuales por hectárea, mientras que algunos apoyos municipales pueden consistir en un bulto de abono o una papeleta de fungicida que vale unos 30.000 pesos.
La preocupación es que algunos propietarios terminen vendiendo sus tierras simplemente porque no pueden asumir los costos de permanecer en ellas. Y cuando una familia campesina vende su tierra, no solo cambia de dueño un lote: también puede desaparecer una forma de vida construida durante generaciones, a lo que se suma, en este caso de Perico y Pantanillo, la afectación de pilares fundamentales de la declaratoria patrimonial nacional de la Manifestación Cultural Silletera, como la vida campesina y la conservación de la tierra.
¿Qué propone la ciudadanía?
La Mesa Ciudadana no planteó mantener intactas las 240,09 hectáreas que la Alcaldía propuso excluir.
De esas áreas, consideró que alrededor de 39 hectáreas sí podrían salir del sistema porque las imágenes satelitales muestran que corresponden a terrenos ya transformados por vías, asfalto y construcciones. Pero solicitó revisar otras 47 hectáreas y reincorporar aproximadamente 153 hectáreas que considera de alto valor hídrico y de bosque nativo.
Antes de que se aprobara el proyecto de acuerdo, la Mesa solicitaba aplazar la votación hasta verificar la coherencia metodológica, corregir el enfoque y la aplicación de criterios, de forma que el expediente permitiera revisar el área definitiva, el fundamento de cada exclusión y el cumplimiento del piso de conservación. De igual manera, la Mesa solicitaba a Planeación Municipal informar, respecto de las 376 construcciones edificadas sobre el sistema vigente (4,27 ha), qué licencias urbanísticas y autorizaciones ambientales las amparan, qué control se ha ejercido y qué medidas proceden y evitar que las exclusiones propuestas recaigan sobre suelo con edificación consolidada sin ese esclarecimiento previo. Pero no, la aprobación por parte del Concejo el 31 de agosto le dio vía libre a esto, es decir a la exclusión de hectáreas donde ya hay viviendas consolidadas que no tuvieron control por parte del Municipio cuando había una restricción de construcción en zona protegida durante los 10 años previos.
Así mismo, la Mesa solicitó a CORANTIOQUIA y al AMVA concepto sobre lo expuesto en su análisis y convocar una audiencia pública con la ciudadanía para examinar la base por polígono y las observaciones aún no resueltas. Esto quedó pendiente con la aprobación que hizo el Concejo este 31 de agosto.
Lo que está en juego ahora
Con la aprobación del nuevo SILAPE, Envigado acaba de tomar una decisión que tendrá consecuencias mucho más allá de una sesión del Concejo.
El sistema será una pieza fundamental para el nuevo POT y, por tanto, para definir qué territorio puede transformarse y cuál deberá permanecer protegido.
La Alcaldía dice que el nuevo sistema es más grande, más preciso y ambientalmente más robusto. Sin embargo, las autoridades ambientales dejaron observaciones que deberán ser tenidas en cuenta y la ciudadanía cuestiona algunas exclusiones y advierte sobre el aumento de las áreas con posibilidades de desarrollo. Adicionalmente, los 376 casos de construcciones dentro de áreas protegidas dejan la pregunta incómoda: si el Municipio no ha logrado controlar completamente lo que ocurre en el suelo protegido, ¿qué garantías existen de que las nuevas áreas que salgan del SILAPE no terminen siguiendo el mismo camino? La respuesta no estará solamente en el nuevo mapa. Estará en el control urbanístico, en las reglas del POT, en la protección efectiva de las fuentes de agua y en la capacidad del Municipio para demostrar que conservar el territorio no es simplemente una cifra en una presentación.
Porque en Envigado el debate ya no es cuántas hectáreas aparecen protegidas sobre el papel. Es qué territorio quedará realmente protegido cuando comiencen a llegar las nuevas construcciones.
Les compartimos notas relacionadas de procesos previos, que sirven de contexto sobre el cuidado del agua y que deberán ser tenidos en cuenta también para la aprobación del POT, como el Fallo de El Esmeraldal.
Lote Manantiales y el dilema ambiental: ¿avance urbano o retroceso ecológico?
Política Pública de Culturas Campesinas.
