El descontento y la incertidumbre se apoderan de los habitantes de las veredas Perico y Pantanillo, en el municipio de Envigado. Tras la reciente actualización catastral Envigado llevada a cabo durante el año 2025, los habitantes tradicionales, en su mayoría campesinos, productores agrícolas y silleteros, denuncian presuntas inconsistencias técnicas y jurídicas que, según afirman, amenazan la permanencia de sus familias en el territorio y ponen en riesgo el patrimonio cultural de la región.
El proceso, que por mandato de ley debe realizarse cada cinco años y cuya última ejecución en la zona rural databa del año 2019, contempló la revisión física, jurídica y económica de alrededor de 58.000 unidades prediales en el municipio. No obstante, para las comunidades de Perico y Pantanillo, la aplicación de métodos indirectos y la falta de consideración de la realidad social del campo han generado una brecha insalvable entre el valor catastral de sus tierras y su capacidad económica real.
Avalúos desproporcionados y cambios en la vocación del suelo
Una de las denuncias más apremiantes de la comunidad es el incremento desmedido en los avalúos catastrales, los cuales, en diversos predios, superan el 300 % de aumento. José David Ríos Soto, silletero y actual presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Perico, expresa la preocupación colectiva ante lo que consideran una falta de argumentos técnicos claros puesto que “a algunos nos cambiaron la destinación de uso de suelo de agrícola —que hemos tenido siempre— a habitacional. Eso nos perjudica directamente porque el impuesto por metro cuadrado se cobra mucho más alto”.
Según el líder comunal, cerca de un 80 % de los predios afectados conservan una vocación netamente productiva, sembrados con cultivos de mora, tomate, uchuva, fresa, papa y flores tradicionales. Sin embargo, la actualización catastral catalogó algunas tierras bajo destino habitacional o de parcelación, equiparándolas comercialmente con las lujosas unidades cerradas que crecen en los alrededores de la variante Las Palmas.
A esto se suma la inconformidad por la clasificación de estructuras productivas como si fuesen viviendas. “A varios productores les cobraron los invernaderos de hasta 5.000 metros cuadrados como si fueran mejoras habitacionales o casas. Es absurdo pensar en una vivienda de ese tamaño”, añade José David, señalando además que se utilizaron ortofotos (fotografías aéreas) para registrar elementos temporales, como carpas de inquilinos o pequeños gallineros, como “cambios físicos” para justificar alzas tributarias superiores al 50 %.
La respuesta oficial: precisiones técnicas y alivios tributarios
Frente a estas reclamaciones, Manuela Zuluaga Londoño, subdirectora de Sistemas de Información y Catastro de Envigado, sostiene que los valores asignados son coherentes con la dinámica inmobiliaria del municipio. De acuerdo con la funcionaria, en la vereda Perico el 37.22 % de la tierra quedó valorado bajo el rango de bosque (11.390 pesos por metro cuadrado) y un 45 % bajo el rango de cultivos (entre 40.000 y 50.000 pesos por metro cuadrado), lo que significa que más del 80 % del territorio de la vereda se encuentra en las tarifas más bajas del estudio comercial. Además, explicó a El Envigadeño que, solo un 4% de la zona corresponde a parcelaciones y éstas quedaron en 890.000 pesos por metro cuadrado, aproximadamente.
“Debemos distinguir entre el avalúo catastral y el impuesto predial”, puntualizó Zuluaga Londoño. La subdirectora explicó que, para proteger a la población vulnerable, la Administración Municipal promovió ante el Concejo la modificación del Estatuto Tributario mediante el Acuerdo 057 de 2025. Esta normativa establece que, para los campesinos, floricultores y productores certificados por la Secretaría de Medio Ambiente, el incremento del impuesto predial estará limitado estrictamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), el cual se estima en un aumento de entre el 5 % y el 5.1 % en comparación con el año anterior.
Respecto a las discrepancias sobre los invernaderos, la funcionaria admitió que existió un desfase en la incorporación de estas estructuras mediante las bases de datos de los predios. “No se debió haber tenido en cuenta para la valoración en el impuesto predial, aunque sí debían estar incorporados en el catastro como anexos. Estamos depurando y eliminando esas construcciones de la valoración para solucionar el problema del cobro” del impuesto.
Asimismo, indicó que, de las 58.000 unidades prediales actualizadas, solo se han registrado alrededor de 700 reclamaciones formales (un porcentaje cercano al 1.2 %), las cuales se encuentran en proceso de revisión individual.
La paradoja de las licencias y la amenaza al patrimonio silletero
El debate en Perico no se limita a las tarifas. La comunidad denuncia una profunda disparidad en la aplicación de las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Los campesinos señalan que, al solicitar licencias de construcción para que sus hijos o nietos construyan viviendas en sus predios, la Administración les descuenta las áreas protegidas por el Sistema Local de Áreas Protegidas (Silape) o retiros de quebradas para el cálculo del área neta mínima requerida (una hectárea). Sin embargo, esas mismas zonas de protección forestal sí se les suman al momento de liquidar el avalúo y el impuesto predial.
Brenda Steinecke Soto, predecesora de José David en la JAC, explica que, tras varios años de trabajo como líder social en el territorio, ha llegado a la conclusión de que “los campesinos no somos rentables para el municipio”.
Esa idea además parece encontrar confirmación en las palabras del actual presidente de la JAC: “Nos dicen que no podemos construir una casa porque las determinantes ambientales no lo permiten. Pero la solución que nos dan es que, si pasamos el predio a la figura de propiedad horizontal o parcelación, pagando obligaciones urbanísticas costosas que no podemos costear, ahí sí nos permiten hacer cinco o seis viviendas. ¿Dónde queda entonces el verdadero cuidado del medio ambiente?”.
A esta tensión se añade una preocupación de carácter nacional y que radica en el riesgo para la tradición cultural silletera. Perico y Pantanillo albergan a 30 silleteros con contrato oficial para el Desfile de Silleteros de Medellín, cuyas familias han custodiado el territorio por generaciones, entre ellas, la familia de José David. Al ser modificado el uso del suelo de agrícola a habitacional, temen que el Ministerio de Cultura no incluya a Envigado en la renovación de la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, la cual se evalúa cada cinco años y exige la preservación de la vocación agrícola y del territorio floricultor como uno de los pilares de la Manifestación Cultural Silletera.
El camino que viene
Aunque el alcalde Raúl Cardona González y su equipo técnico se desplazaron a la zona para escuchar a la Junta de Acción Comunal en jornadas de socialización, las respuestas del Departamento Administrativo de Planeación han dejado un sinsabor en la comunidad.
Según José David, se les manifestó directamente que la zona rural de Perico “nunca ha sido considerada formalmente como agrícola”, afirmación que ha causado profunda desilusión entre familias que llevan más de un siglo labrando la tierra y que ahora deberán aportar la documentación histórica para demostrar su vocación ancestral, que además está protegida gracias a la nueva Política Pública de Culturas Campesinas en Colombia, mediante el Decreto 0935 expedido el 31 de julio de 2026, que busca reconocer, proteger y garantizar los derechos culturales del campesinado, una población declarada como sujeto de especial protección constitucional, en el artículo 64 de la Constitución Nacional.
La comunidad y la Administración se preparan para nuevas mesas de concertación con el Concejo Municipal y las autoridades ambientales (Corantioquia). Para los habitantes de la vereda Perico, lo que está en juego no es solo un ajuste en el recibo del predial, sino la supervivencia de la última frontera campesina y silletera de Envigado.
