Cada agosto, cuando los silleteros descienden por las avenidas arropados por el cariño de miles de personas, es común escuchar discursos institucionales que exaltan la belleza de sus obras y la berraquera de su estirpe. Sin embargo, detrás de esa deslumbrante vitrina turística, las decisiones de planificación urbana y tributaria local parecen incluir una profunda miopía. Pareciera que las autoridades municipales de Envigado no han terminado de comprender una verdad fundamental: la silleta no es un simple adorno que se fabrica para un desfile sino el fruto de un ecosistema vivo sustentado sobre pilares muy frágiles que hoy se están agrietando silenciosamente en veredas como Perico y Pantanillo.
Si las administraciones locales continúan tratando el campo únicamente como un plano cartográfico para captar impuestos o expandir parcelaciones de lujo, terminarán por marchitar de raíz la misma tradición que aparentan proteger.
La vida campesina y la tierra no son un negocio inmobiliario
El primer y más importante pilar de la manifestación silletera es la vida campesina y su relación indisociable con la tierra*. Como bien lo recordaba el silletero pionero Óscar Atehortúa en el Plan Especial de Salvaguardia (PES): “Sin campesinos no hay nada, sin campo no hay flores, no hay comida, no hay nada”.
El oficio silletero nace del golpe a la tierra, del cuidado de las huertas y de la paciencia para sembrar claveles, estrellas de Belén o varsovias tradicionales y convertirlas en obras de arte. La tierra no es un mero «activo comercial», es el soporte físico de su memoria familiar y de su soberanía alimentaria.
Sin embargo, la actualización catastral de 2025 en Envigado desatendió por completo esta dimensión humana. Al elevar desproporcionadamente los avalúos y el impuesto predial a predios dedicados exclusivamente a la agricultura, el municipio comenzó a empujar un proceso de «descampesinización» forzada.
Cuando a un campesino tradicional se le cobra un impuesto que supera la rentabilidad de sus flores y cultivos, se le está notificando de manera indirecta que ya no es rentable para su propio municipio. La consecuencia es desgarradora: el silletero se ve obligado a subdividir o vender su herencia ancestral a constructores urbanos. Y como lo advierten los propios portadores de la tradición, cuando una familia campesina vende su tierra, no solo cambia de dueño un lote en la oficina de Instrumentos Públicos, desaparece una forma de vida consolidada durante generaciones.
El SILAPE: ¿Protección o vía libre al cemento?
A este preocupante panorama se sumó, el pasado 31 de agosto de 2026, la controvertida aprobación de la reforma al Sistema Local de Áreas Protegidas (SILAPE) por parte del Concejo de Envigado. Aunque la administración defendió el acuerdo argumentando un aumento neto en las hectáreas del sistema (que pasó de 3.217 a 3.653,85 hectáreas), las veedurías ciudadanas y las propias corporaciones ambientales (Corantioquia y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá) alertaron sobre los detalles de esta decisión. Bajo el argumento de «corregir errores cartográficos», se excluyeron del sistema de protección formal 240,09 hectáreas. Lo verdaderamente alarmante es el destino de esos suelos: la denominada “Subzona para el Desarrollo” —que permite vivienda, comercio e infraestructura vial— se incrementó en un 88%, pasando de 87,71 a 164,86 hectáreas. De igual manera, se abrió la puerta para construir vivienda campestre en 50,44 hectáreas que antes estaban estrictamente catalogadas para aprovechamiento agroecológico y de conservación. Además, la Mesa Ciudadana por el SILAPE denunció que un 30.3% de las áreas excluidas coinciden con retiros hídricos de protección legal. El acuerdo del SILAPE será base de las determinantes ambientales para la aprobación de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Legislación, ¿sólo en el papel?
Resulta irónico repasar el robusto marco jurídico nacional e internacional diseñado para amparar a las comunidades rurales. En el papel, el campesinado es sujeto de especial protección constitucional, tal como lo consagra explícitamente el histórico Acto Legislativo 01 de 2023, que modificó el artículo 64 de nuestra Constitución Política para reconocer su particular relacionamiento con la tierra, sus formas de territorialidad y su papel indispensable en la soberanía alimentaria.
A nivel internacional, Colombia se adhirió a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos (UNDROP) de 2018, que garantiza su derecho a no ser discriminados, a preservar su propia cultura y a mantener el control sobre sus prácticas productivas y conocimientos tradicionales. Más aún, el Decreto 0935 expedido el 31 de julio de 2026 adoptó formalmente la Política Pública de Culturas Campesinas, que busca mitigar los procesos de «descampesinización» y resguardar la biodiversidad ligada a las tradiciones agrarias.
Una advertencia de fondo: El patrimonio está en juego
Hay una implicación jurídica y de fondo que la administración de Envigado parece estar perdiendo de vista. La declaratoria de la Manifestación Cultural Silletera como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación exige un compromiso estricto de salvaguardia. El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes evalúa esta declaratoria cada cinco años y exige explícitamente la preservación de la vocación agrícola y del territorio floricultor como pilares fundamentales del estatus patrimonial.
Al modificar el uso del suelo de agrícola a residencial en Perico y Pantanillo, Envigado está poniendo en riesgo la permanencia del municipio dentro de esta declaratoria nacional. Si el territorio se llena de parcelaciones de lujo y los silleteros se quedan sin tierra donde sembrar sus flores tradicionales, el Ministerio podría perfectamente excluir a Envigado de la renovación del estatus de patrimonio.
Detener el cemento para salvar las raíces
No podemos seguir cayendo en la hipocresía colectiva de aplaudir al campesino silletero un solo día al año mientras el resto del tiempo diseñamos normas que los expulsan de sus veredas.
Envigado tiene la oportunidad histórica de corregir el rumbo. Preservar este patrimonio inestimable requiere entender que la sostenibilidad del territorio no se calcula en el recaudo del impuesto predial ni en el valor comercial del suelo rural. Exige, ante todo, defender la permanencia del silletero de carne y hueso, protegiendo sus huertas y las zonas de reserva, aliviando sus cargas tributarias y respetando un modo de vida que es, en sí mismo, el verdadero pilar de nuestra identidad.
*Esto está consignado en el Plan Especial de Salvaguardia de la Manifestación Cultural Silletera (PES), aprobado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes en 2015 y sobre el cual se hizo la declaratoria de la cultura silletera como Patrimonio Inmaterial de la Nación.
