Investigación exclusiva de El Envigadeño (Todos los derechos reservados*)
Pasan los meses y la crisis financiera que atraviesa el Hospital Manuel Uribe Ángel desde finales de 2025 y sobre la que El Envigadeño alertó el pasado 6 de enero no parece tener mejoría.
Las cuentas por cobrar a las EPS siguen aumentando, las deudas a proveedores y nómina cada vez son mayores y para ajustar, ahora ya no son 25 camas las que han cerrado, sino 52, lo que se ve reflejado en la capacidad de atención no solo a los habitantes de Envigado, sino a quienes llegan de municipios del Sur del Valle de Aburrá y del Suroeste antioqueño.
Adicional a las cuentas que no cuadran, la institución ha enfrentado eventualidades de las que poco se ha informado a la comunidad o que cuestionan la gestión y capacitación administrativa de algunos de sus colaboradores y que, aunado a la crisis financiera, invitan a hacerse preguntas sobre la gestión administrativa de una de las instituciones públicas más importantes de Envigado.
Las cuentas se mantienen en rojo
Contrastando documentos con los reportes entregados por la gerente del HMUA, Martha Lucía Vélez Arango, la entidad comenzó el 2026 con una cartera pendiente por cobrar de unos $140.000 millones que ahora está en $144.707 millones (con corte al 31 de agosto), un crecimiento del 3,36% (tomando como referencia solamente este año).
El problema no solamente radica en que la cartera crece con el tiempo. Para el 2026 el Hospital tenía una meta de facturación de $180.000 millones ($15.000 millones mensuales) y a la fecha solo se ha llegado al 77% de cumplimiento de esa meta, lo que asciende a $138.600 millones que no están entrando completos a la institución. En un informe entregado por el HMUA tras un derecho de petición enviado por El Envigadeño, hasta el 31 de agosto de 2026, en ventas de servicios de salud la institución solo ha recaudado $87.662 millones.
En síntesis, si se tienen en cuenta el monto facturado y el recaudo hasta el 31 de agosto, quedan $50.938 millones que el Hospital aún no ha recibido por concepto de prestación de servicios médicos y que engrosan las cuentas por cobrar.
Al respecto, durante la sesión extraordinaria del Concejo a la que fue citada la gerente el pasado 14 de octubre, Vélez Arango admitió que “esa meta va a ser muy difícil cumplirla por una razón: la limitación que tenemos nosotros en este momento de insumos, medicamentos y algunos materiales de osteosíntesis para hacer procedimientos, entonces, aunque lo quisiéramos hacer, no podemos por la limitación de esos insumos y la limitación de los insumos es dado por el pago insuficiente de las EPS”.
El problema no solo recae en lo que le deben al Hospital. Las cuentas por pagar siguen siendo un dolor de cabeza que mantiene a la entidad con escasez de insumos y con deudas de hasta un mes de salario a sus colaboradores, sin mencionar el retroactivo del 2025, que asciende a $1.576 millones.
Solamente a proveedores, al 31 de agosto, el HMUA debe $89.721 millones. De este total, el 84% ($75.710 millones) se encuentra en mora o vencido, mientras que el 16% ($14.010 millones) está por vencer y en su mayoría es a corporaciones, empresas y cooperativas que despachan medicamentos e insumos, además de la alimentación para los pacientes y todo lo que es necesario para la prestación del servicio médico.
Así mismo, las obligaciones financieras a largo plazo que corresponden al saldo amortizado del crédito de fomento adquirido por la institución ($20.000 millones prestados por el IDEA el 15 de septiembre de 2025) ya suman $16.910 millones.
Por otro lado, las deudas a colaboradores (nómina y honorarios de especialistas) van a medias. Si bien se está al día en el pago de la seguridad social, deducciones de ley y la nómina no tiene retrasos de más de un mes (dos quincenas), es cierto que además del retroactivo del 2025, el HMUA también debe liquidaciones de personal retirado.
El limbo legal y normativo de los cobros de la cartera en mora
Hay que aclarar que, de los $144.707 millones que están pendientes de cobro (con corte al 31 de agosto), alrededor de $34.710 millones corresponden a cuentas sin vencer o de hasta 60 días (dentro del marco de ley) y, cerca de $109.990 millones, corresponden a facturas vencidas y que van desde los 61 días y superan los 360.
En cuanto a ese pago insuficiente de las cuentas por cobrar, vale la pena destacar lo que dice la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, que modificó el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia: “las Entidades Promotoras de Salud EPS de ambos regímenes, pagarán los servicios a los Prestadores de Servicios de salud habilitados, mes anticipado en un 100% si los contratos son por capitación. Si fuesen por otra modalidad, como pago por evento, global prospectivo o grupo diagnóstico se hará como mínimo un pago anticipado del 50% del valor de la factura, dentro de los cinco días posteriores a su presentación. En caso de no presentarse objeción o glosa alguna, el saldo se pagará dentro de los treinta días (30) siguientes a la presentación de la factura, siempre y cuando haya recibido los recursos del ente territorial en el caso del régimen subsidiado. De lo contrario, pagará dentro de los quince (15) días posteriores a la recepción del pago (…) aquellas facturas que presenten glosas queden canceladas dentro de los 60 días posteriores a la presentación de la factura”.
Otro concepto que es importante reconocer y que se une a la crisis es que, según el Ministerio de Salud, el Artículo 48 de la Constitución Política, la Ley 100 de 1993 y la Ley Estatutaria 1751 de 2015 (artículo 25), los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia son inembargables debido a su carácter público, parafiscal y su destinación exclusiva a la atención de los usuarios.
Así las cosas, el HMUA está obligado, por Ley, a atender a los pacientes sin distinción de EPS (las que pagan y las que no), pero las EPS deberían pagar las facturas en un máximo de 60 días (de existir glosas u objeciones sobre la facturación). De no surtirse el pago y teniendo en cuenta que los cobros coactivos o embargos no son permitidos en los recursos de la salud, la Institución debe llevar esas cuentas por cobrar a las mesas de saneamiento de cartera creadas por la Supersalud en su Circular 30 y en las que participan las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la Secretaría de Salud Departamental para llegar a unos “compromisos de pago de las obligaciones”.
Finalmente, si no se cumplen los compromisos de pago, la única herramienta que queda es la vía judicial para intentar recuperar algo del dinero que no se ha logrado recaudar y que hace parte de las cuentas por cobrar.
Lo que ingresa no alcanza
Hasta el 31 de agosto, la institución ha logrado recaudar $112.357 millones, de los que solo $87.662 millones corresponden a venta de servicios de salud, $7.000 millones son aportes del Municipio de Envigado y $15.241 son por otros conceptos. Los $2.454 millones restantes corresponden a aportes del Ministerio de Salud y Protección Social, única y exclusivamente destinados para financiar el programa de atención primaria en salud y visitas comunitarias/domiciliarias en el municipio, además de $14.453 para la compra de dos angiógrafos de última generación y un resonador magnético.
En cuanto a los aportes recibidos por la Alcaldía de Envigado y la Gobernación de Antioquia, la gerente explicó en la sesión del Concejo que, de 2024 al presente año, han recibido tres transferencias de recursos: $8.000 millones en 2024 (destinados en un 100% al pago de proveedores de insumos y medicamentos); $9.000 millones en 2025 (orientados en dos frentes: $7.000 para proveedores y 2.000 para talento humano) y $7.000 millones en 2026 (para obligaciones de nómina como primas y salarios).
A eso se suma la obligación asumida por el Municipio de construir el espacio físico de dos pisos donde operarán los nuevos equipos médicos financiados por el Estado (los dos angiógrafos y el resonador magnético).
Por otro lado, a través de la Secretaría Seccional de Salud e Inclusión Social, el Departamento ha transferido un total de $8.000 millones: $5.000 millones en 2024 (para nómina y honorarios de especialistas) y $3.000 millones otorgados tras la sesión descentralizada de la Asamblea de Antioquia en Envigado del 22 de septiembre de 2026 que se destinaron al pago de nómina.
Aun así, los retrasos en pagos y obligaciones con el personal (por nómina, por prestación de servicios en el caso de los especialistas y excolaboradores que aún esperan su liquidación) y con los proveedores siguen generando un saldo negativo para la institución.
Prestación del servicio de salud: ¿Para qué alcanza?
Todo el dilema financiero se traduce no solamente en números rojos en las cuentas del Hospital, sino también en la prestación del servicio. Ese es el motivo por el que los usuarios del hospital (pacientes y familias), además del HMUA, han reconocido que eventualmente son los usuarios quiénes deben conseguir los medicamentos o insumos por su cuenta para la atención.
Pero salir a comprar un medicamento o una jeringa, una cánula o un catéter no es lo más grave del asunto. Ante la falta de recursos para pagar a su personal, el Hospital se ha visto en la obligación de “ajustar la oferta de servicios” a su capacidad real de atención.
Así fue como el HMUA recortó su capacidad instalada prescindiendo de 52 camas. Este cierre se dio en dos momentos, el primero en enero cuando se cerraron 35 camas (25 de hospitalización y 10 de cuidado intensivo e intermedio adultos) y el segundo en abril cuando se cerraron 17 camas (ocho de hospitalización y obstetricia y nueve de cuidado intermedio cardiovascular).
Con esto, el hospital ha cerrado 33 camas de hospitalización, 10 en UCI y nueve en cuidados intermedios y cardiovascular, dejando solo 274 camas en funcionamiento: 221 en hospitalización (178 de adultos, 35 obstétricas y ocho pediátricas), 24 en UCI, ocho en cuidados intermedios y cardiovascular y 21 en la unidad neonatal en general (atención básica, intermedia e intensiva).
Del mismo modo, se han hecho ajustes en el servicio de urgencias donde este año se registró el cierre de un consultorio (el 7 de enero de 2026) y de una sala de procedimientos (el 22 de abril de 2026).
Por otro lado, en temas de recurso humano para la atención, los recortes también han sido evidentes. A inicios de 2026 la institución no renovó 55 contratos (cerca del 5% de un total de 1.102 colaboradores entre empleados de planta y especialistas) y al 31 de agosto la entidad registra 98 plazas sin proveer sobre una planta autorizada de 946 plazas (848 plazas contratadas).
De esas 98 vacantes que no se están contratando, 84 están asociadas con el cierre de camas y solo 14 hacen parte de proyectos que aún no han entrado en operación.
Ahora bien, mientras la gerente argumenta que los recursos invertidos por el MinSalud y la Alcaldía apuntan a “mejorar la atención” con los nuevos equipos (dos angiógrafos y un resonador), queda la pregunta en el aire, ¿cómo estos equipos van a mejorar una atención que en este momento no cuenta con insumos para la prestación del servicio ni con el pago al talento humano que lo brinda? Sin solucionar lo esencial el panorama tampoco es positivo, aunque se cuente con la mejor tecnología.
El diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo, en la sesión de la Asamblea, explicó que “hay situaciones que sí se pueden mejorar, pero depende de un sueño. (…) y es inicialmente (…) que el alcalde entienda desde la parte inicial, que ese hospital (el de cualquier municipio) no es un fortín político, eso es lo principal; que el concejal entienda y no se le acerque al alcalde a pedir el puesto del vigilante o el puesto del subdirector del hospital; que entienda realmente que un hospital está al servicio de la gente y que realmente allí debe estar el mejor médico, el mejor vigilante y las mejores personas dentro del mérito”.
Colaboradores y sus familias no llegan a fin de mes
Durante esa misma sesión de la Asamblea, Hugo Rodríguez, quien habló en representación de los familiares de los trabajadores del HMUA, explicó que la situación no solo tiene a los colaboradores pasando dificultades económicas y con incertidumbre, sino que sienten temor de hacer público el drama que viven.
“Vea el temor que hay de pedirme a mí que venga y hable por ellos porque les da miedo hablar porque se quedan sin trabajo”, expresó el hombre que a su vez cuestionó al alcalde Raúl Cardona acerca del momento en que se sienta a comer cada noche con su familia. “Mi pregunta para el alcalde, mi pregunta para la señora gerente del MUA es ¿cómo hacen ellos? ¿Cómo hace usted, señor alcalde, para sentarse a la mesa a tomar los alimentos, si se preocupan por sus empleados, por la gente que trabaja allá? (…) Mucha gente que conozco que trabaja en el hospital no tiene ni siquiera el pasaje, les toca caminar una hora y media para poder asistir. Señor alcalde, ojalá usted coma tranquilo, ojalá el pan que usted desayuna, que usted almuerza, que usted cena, lo disfrute, porque muchas de esas familias que ahorita están allá no lo hacen”, expresó Rodríguez agregando que deben seguir trabajando por temor a ser despedidos.
Tanto ha sido el impacto económico que, por algunos días, se ha visto una mesa instalada frente a la entrada del Hospital con un letrero invitando a dejar donaciones en especie para repartirlas entre los empleados que tienen salarios y obligaciones atrasadas.
Finalmente, Rodríguez cuestionó si “¿es mucho mejor estar pavimentando vías que no necesitan reparcharse que pagarle, aunque sea a una sola enfermera? O mejor aún, ¿los refrigerios que van a dar ahora? ¿Con eso no es mejor pagar dos o tres enfermeras, tres de oficios varios, tres camilleros?”.
El robo del que nadie ha hablado
Y como dice el dicho, “al caído, caerle”. Mientras el hospital se enfrentaba a la crisis económica y los colaboradores a la incertidumbre de pagos, el 15 de marzo de 2026 El Envigadeño conoció que la institución fue víctima del hurto de un equipo médico (o parte de él).
Desde ese momento comenzó un proceso de investigación, búsqueda del Hospital y de las autoridades para que aclararan el hecho y solo fue hasta septiembre que la Fiscalía confirmó, tras un derecho de petición, que efectivamente estaban en la etapa de indagación por un delito de hurto al interior del centro asistencial.
Por otro lado, en respuesta a un derecho de petición, el Hospital explicó que ese día “fueron sustraídos dos componentes de una torre de laparoscopia marca Mindray: el procesador de video y la fuente de luz”. El Hospital se dio cuenta del hecho un día después de cometido el hurto y comenzó todo el proceso con Fiscalía y la empresa de seguridad para la revisión de cámaras e identificación de los posibles sospechosos. De la misma manera, el HMUA aclaró que los “componentes hurtados correspondían a equipos que se encontraban en las instalaciones del Hospital en calidad de demostración, por parte de un proveedor” y que fue ese mismo proveedor quien “asumió directamente las gestiones correspondientes ante la compañía aseguradora con la cual se encontraban asegurados los equipos”, por lo que no se han tenido que destinar recursos para reponer la pérdida.
A pesar de tratarse de un hecho grave, que además podría comprometer recursos públicos, este incidente no fue informado en el Concejo Municipal en la sesión extraordinaria de control político, ni ante la población del municipio, razón por la que solo hasta esta publicación de El Envigadeño se hace público.
Escándalo: Capacidad insuficiente para atención de crisis
Pero la novela no termina ahí. Continúan los cuestionamientos al Hospital tras una denuncia en redes sociales en la que se evidenció una falta gravísima en los protocolos de atención y que cuestionan la capacitación del personal que recibe a los pacientes en urgencias.
La historia publicada por una influencer contó que una adolescente llegó el pasado 18 de octubre hasta urgencias solicitando atención porque acababa de ser violada. Aunque en estos casos la Resolución 0459 de 2012 del MinSalud indica las pautas para la activación del llamado ‘Código Fucsia’ (Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual), la auxiliar administrativa que atendió a la joven no activó la ruta y le negó el servicio por no llevar un acudiente ni presentar documento de identidad.
Según la normativa, “en el momento que detecte a una víctima de violencia sexual, se estabilice emocionalmente y se remita de inmediato a los servicios de urgencias correspondientes, (…) donde la han de recibir y atender sin ningún tipo de demora, requisito u obstáculo para que se inicie su atención integral. (…) Es inaceptable interponer cualquier barrera de acceso para la atención por el servicio de urgencias de las víctimas de violencia sexual”.
La celeridad de la que habla la norma tiene fundamento en lo que citó la concejala Sara Rincón Ruiz, quien cuestionó la negligencia en la atención, el 23 de octubre, en la Comisión para la equidad de la mujer ‘Débora Arango Pérez’ del Concejo. Expresó que la recolección del material probatorio durante las primeras horas del ataque sexual para la investigación judicial que permita identificar y encontrar al atacante era crucial y eso no se hizo por la falta de activación del ‘Código Fucsia‘ en el HMUA.
En el caso de esta joven y como admitió la gerente ante la Comisión del Concejo, la funcionaria erró en la activación del código de manera inmediata, por lo que la joven se fue del hospital y solo regresó, por llamado de la misma institución, el lunes 19 de octubre para ser atendida. Haber esperado estas horas le permitió a la joven bañarse, cambiarse de ropa y con estas simples acciones, eliminar parte de las pruebas del delito del que fue víctima. El hospital debió garantizar la custodia de estos materiales y la realización de pruebas inmediatas, además de acompañamiento a la víctima y no lo hizo.
Y como si el hecho violento y no ser atendida de manera adecuada no fueran suficiente, durante esa misma Comisión que busca garantizar la equidad para las mujeres, la joven fue revictimizada por quienes deberían estar cuestionando la mala práxis del Hospital. La concejala María Teresa Álvarez Muñoz no solo revictimizó a la joven llamando al caso un “lunarcito” dentro de la gestión del hospital, sino que también lo hizo con preguntas con las que cuestiona y culpa a la víctima y a su familia por lo sucedido, en lugar de responsabilizar a su atacante.
“¿Por qué una hija mía va a estar a esa hora (4:30 a.m.) sola acudiendo a una emergencia o urgencia en un hospital?” (…) y que dentro de la investigación esté también la familia”, expresó Álvarez Muñoz agregando que es necesario “mirar qué venía pasando con la niña días atrás, en qué círculos se mueve, cómo está en el colegio, cuáles son sus amistades; acá hay mucha tela que cortar. Sinceramente le pido a la Secretaría de Educación ese entorno educativo de la niña”.
Cuestionamientos de este tipo son identificados como acciones de victimización secundaria o revictimización tanto por las Naciones Unidas (Manual de legislación sobre la violencia contra la mujer de la ONU), como el Instituto psicológico Cláritas y la Policía Nacional de Colombia. Según las tres fuentes citadas, permitir preguntas como “¿por qué caminaba por allí a esa hora?” asume que la víctima consintió implícitamente el riesgo, lo cual viola el principio de no revictimización consagrado en tratados internacionales y no debe permitirse.
Hoy en día la joven continúa en atención médica y psicológica en el HMUA, pero en cuanto a la revictimización que ha sufrido por parte del Hospital y de los concejales, la Secretaría de la Mujer del Municipio solo catalogó el hecho como lamentable durante la Comisión, pero admitió que está atendiendo a la madre.
Préstamos y más préstamos: hasta el Impuesto Predial está en juego
A pesar de que actualmente el Hospital ya está pagando al IDEA un préstamo que hizo en el 2025 por $20.000 millones, la única salida que han encontrado para enfrentar la situación en este momento es adquirir un nuevo préstamo por otros $20.000 millones para destinarlos al saneamiento de pasivos y pago a proveedores.
Por ello, el pasado 7 de septiembre, el Concejo municipal aprobó el Acuerdo 028 de 2026, “por medio del cual se concede una autorización al alcalde, para que el municipio de Envigado avale un empréstito y/o sea codeudor de la Empresa Social del Estado Hospital Manuel Uribe Ángel”.
Con esta medida, teniendo en cuenta lo que se ha pagado de la anterior, la deuda superaría los $36.900 millones. A esto se suman que en el mismo acuerdo el Concejo aprobó algo que deja a los envigadeños también en vilo: la pignoración de la renta municipal del Impuesto Predial Unificado de libre destinación se aplicará únicamente hasta por el monto del crédito garantizado y sus obligaciones derivadas. En la práctica, esto quiere decir que el Municipio, como codeudor, usa el impuesto predial, hasta por el monto del préstamo y las obligaciones conexas (seguros e intereses), como garante de pago ante del riesgo y la incertidumbre de la capacidad de pago que tiene el HMUA en este momento. Esto se traduce en que, si el hospital no paga, el Municipio dejará de contar para inversión y otros programas con poco más de $20.000 millones que entrarían del recaudo del predial porque deberá responder con ellos, por la nueva deuda adquirida.
Desde El Envigadeño continuaremos haciéndole seguimiento a esta información.
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