La nueva tienda D1 inaugurada el 31 de julio en Envigado llegó con fachada moderna, vitrinas brillantes y precios bajos. Pero detrás del atractivo comercial hay un hecho que no se puede maquillar: fue construida sin permiso del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, justo al lado de Casablanca, la casa de la maestra Débora Arango, protegida como Bien de Interés Cultural de la Nación (BICN).
Según Planeación Municipal de Envigado, las obras se ajustan a la volumetría aprobada por la Curaduría Urbana. Eso, a juicio de esa dependencia, evitaría sanciones desde el control urbanístico local. Pero el asunto no es de volumetría: la Ley 1185 de 2008 (que regula el patrimonio cultural en Colombia) es clara. Cualquier intervención en predios colindantes o contiguos (a menos de 100 metros) a un Bien de Interés Cultural de la Nación requiere autorización expresa del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. El asunto no se trata sólo de no superar la altura del BICN, como lo insinúan algunas personas desinformadas en redes sociales.
Obras primero y luego pedir permiso
En este caso, el dueño del lote contiguo a Casablanca pidió el permiso apenas el 7 de julio de 2025, cuando las obras ya llevaban días en ejecución (iniciaron el 4 de julio). El 31 de julio, día de apertura oficial, la autorización seguía en evaluación por parte del Ministerio.
Lo más grave es que ésta no es la primera intervención ilegal. En 2024, el propietario del predio construyó 11 locales sin autorización del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Fue requerido por esa entidad para responder por presuntas infracciones al patrimonio y se le hicieron algunos requerimientos que a la fecha no ha cumplido. No legalizó lo hecho, sino que en julio 7 de 2025 solicitó permiso para nuevas modificaciones: unir los 11 espacios en una sola tienda y una bodega. Las mismas que ya están listas y, casualmente, abrieron el 31 de julio al público, como un D1.
Municipio de Envigado está obligado a proteger el patrimonio
Casablanca, ícono de la memoria artística del país, está en riesgo por un patrón de construcciones irregulares y la omisión de autoridades locales. Porque no se trata de “trámites”, se trata de leyes nacionales de protección patrimonial que la Alcaldía de Envigado está obligada a hacer cumplir.
El dueño del lote y D1 podrían enfrentar sanciones por la construcción sin el permiso patrimonial requerido. Por ahora, sigue en pie la “averiguación” prometida por el alcalde Raúl Cardona, quien el 13 de julio aseguró que revisaría el caso tras ser consultado por este medio de comunicación.
La ley está escrita. La pregunta es ¿quién la hace cumplir?
